En campaña

Cam paña relámpago esta para elegir la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano.

30 fugaces días. En primera aproximación algún desprevenido podría pensar que se trata de una competencia 100% mediática. Empero, vistas con detenimiento las demandas de los ciudadanos, firmes en su decisión de no soltar la soberanía que le reconoce el artículo 5 de la Constitución, se comprende que el corazón de la estrategia comunicacional debe fundarse necesariamente en el diálogo cara a cara de los candidatos con los electores. Que se usen cuñas de radio y televisión; cintillos de prensa, afiches, murales, vallas, declaraciones periodísticas es útil pero nunca suficiente. Puesta en términos porcentuales la correlación debería ser 90% contacto directo, 10% propaganda en medios masivos. De modo que debería ser un hecho de intensa cotidianidad las asambleas populares, los recorridos casa por casa, los diálogos en las plazas públicas entre candidatos y ciudadanos; espacios abiertos a la discusión transparente, cívica, constructiva para definir compromisos corresponsables que obliguen tanto a los candidatos como a los electores en la perspectiva de que la gestión parlamentaria sea cada día más participativa, más generadora de poder popular.

Sería puro cuartorrepublicanismo hacer una campaña que se fatigue y se agote en referencias insustantivas a los temas que, por gravitar en su entorno, permean las neuronas de la población. No se trata sólo de la dimensión material de la vida social, sino también del ámbito espiritual. Por ejemplo, resulta pertinente discutir a profundidad el tema de la seguridad pública en el contexto de la propuesta de la Ley de Policía Nacional; debatir sobre las nuevas instituciones de participación en el marco de las leyes asociadas a este tema, entre muchos otros de importancia nacional.

Es en el debate de los temas de campaña que se manifiestan las visiones y matices ideológicos que dinamizan el proceso político del país. Vale decir, la discusión ideológica no se realiza en el etiquetamiento con ismos de los actores políticos, sino —fecundamente— en la definición conceptual y operacional de las políticas públicas expresadas en forma de leyes y acciones de impulso de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, como fórmula para avanzar en el tránsito del desarrollo pleno del proyecto de país contenido en la Constitución. De tal manera que ha de asumirse la consigna “Por más poder popular” como un sinónimo de socialismo siglo XXI, al igual que lo son Barrio Adentro, Robinson, Ribas, Sucre, Milagro, Vuelvan Caras, la nueva estrategia de defensa nacional, las cooperativas, el ordenamiento democrático de la tenencia de la tierra, la democratización del crédito, los consejos comunales.

La estrategia comunicacional aquí esbozada comporta un enraizamiento organizativo que encauce la energía de diversas organizaciones entrelazadas por una visión de país compartida y congregadas en una misma plataforma electoral. De esta forma se optimizan las potencialidades de la búsqueda y defensa organizada del voto mediante las modalidades de trabajo directo con el elector, por ejemplo, las triunfantes patrullas electorales de la campaña Batalla de Santa Inés; instrumento que, guiado por las unidades de batalla electoral, demostró una vez más el viejo aserto: nada más poderoso que un pueblo unido y conscientemente organizado.

Otro voto cruzado

Aterricen, doctos señores de la oposición. Las morochas son tan constitucionales como todas las libertades fundamentales de la persona humana.

Limpien la lupa: el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) determina las postulaciones por iniciativa propia, entre otras modalidades. Vale decir, un ciudadano puede postularse por circuito en forma exclusiva, si así lo desea. O sea, no es necesario que se inscriba a la vez por lista. Como en esta patria todos somos iguales ante la ley, el derecho de un ciudadano es extensivo a una asociación con fines políticos. Ergo, así como un ciudadano que asume la figura de la iniciativa propia no está obligado a postularse como candidato la Asamblea Nacional nominal y por lista, tampoco un partido político es forzado a presentar sus abanderados por las dos modalidades simultáneamente.

Dicho de otra manera, es legítimamente constitucional que un partido político inscriba candidatos sólo en forma nominal o únicamente en lista.

Ante el CNE los partidos políticos inscribieron candidatos de acuerdo con su particular criterio, al amparo de la CRBV y las leyes. Pongámoslo en la jerga de la campaña electoral con zumbaíto mexicano:
postularon como se les pegó su regalada gana. De tal modo que nadie tiene pleito con el CNE respecto a postulaciones para el 4D. Así como para el CNE no hay morochas ni antimorochas, para el TSJ, con base en el derecho y la justicia, también debe haber solamente ciudadanos postulados por organizaciones con fines políticos en forma nominal o por lista, así como electores soberanos y con pleno derecho a participar en los asuntos públicos (artículo 62 de la CRBV). Aunque valga reiterarlo:
sea cual sea la decisión del TSJ, será respetada y acatada.

Que los partidos políticos hayan establecido alianzas y orienten a los electores a sufragar cruzado promoviendo el voto enmorochado, es un asunto que sólo le corresponde valorarlo a los votantes con su libre albedrío y en uso del poder soberano que le consagra el artículo 5 de la CRBV. Los ciudadanos decidirán si cruzan su voto y, si así lo hacen, por cual fórmula de voto cruzado, valga decir, enmorochado, sufragan.

Pura coba es el cuento de que se viola la proporcionalidad con las morochas. Es sencillo, al escrutar los votos lista se le aplica a los totales de los partidos políticos el Método D’ Hondt, que constituye una expresión matemática de la proporcionalidad, y se asignan los cargos a cada organización dependiendo de cuántos votos haya obtenido.

Cuando se dice que con 50% de los votos se saca 70% de los cargos gracias a las morochas, se oculta que no todos los cargos se eligen con el mismo número de votos. Por ejemplo, para elegir un concejal en el municipio El Socorro, estado Guárico, se requirieron menos votos que para elegirlo en el municipio Libertador del Distrito Capital.

Elegir un diputado a la Asamblea Nacional en el Circuito Santa María de Ipire, El Socorro, Valle de la Pascua, Las Mercedes del Llano en el Guárico cuesta menos votos que obtenerlo en el Circuito del municipio Sucre del estado Miranda. De modo que consolidar nacionalmente los votos de un partido político comporta una mistificación estadística si se quiere establecer con cuántos votos eligió en realidad cada uno de sus diputados: unos diputados le habrán costado más votos que otros.

Oposicionabilidad

La ciencia política aborda el análisis de las sociedades y los estados democráticos con base en la dialéctica gobernabilidadoposicionabilidad. Así como se demanda que los gobiernos tengan legitimidad de origen en el sufragio y que mantengan la misma por la vía de ajustar sus decisiones al Estado de Derecho, se exige también que la oposición valide su legitimidad sometiéndose al dictamen de la soberanía popular expresada en el voto y que cada uno de sus actos se desarrolle en armonía con las disposiciones constitucionales y legales. Del apego del gobierno y de la oposición a las normas propias de la democracia dependen la gobernabilidad y la oposicionabilidad, cualidades que potencian la estabilidad de los sistemas políticos democráticos.

En el caso Venezuela la gobernabilidad es una variable de sólida comprobación independientemente de cuáles y cuántos indicadores se seleccionen para someterla a verificación teórica y práctica. No ocurre así cuando se analiza la oposicionabilidad.

El proceso comicial del 2000 arrojó una oposición legítima en su origen tanto en la Asamblea Nacional (AN), el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino como en las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales; mas, en la vorágine del proceso de cambios, la oposición rompió con su origen democrático y se adentró en el laberinto de la conspiración, acicateada por los operadores políticos de George Bush. La oposicionabilidad se hizo añicos.

El liderazgo opositor fue secuestrado por militares felones, empresarios trogloditas, politiqueros oficiantes del oportunismo, sindicalistas del clientelismo, escribidores nostálgicos de jugosas becas y ensotanados pastores de dólares. La oposición cambió la democracia por un dictador de mandato instantáneo, que desplegó en las pocas horas de su gobierno los hechos de su ideología: el fascismo post moderno; elegantemente trajeado pero igual de feroz, autoritario y sangriento que el de Hitler, Pinochet, Pol Pot, entre otros.

Después del referéndum de 2004, transparentemente derrotada, la oposición, en pleno cruce del desierto cual Pablo de Tarso en el camino de Damasco, se encontró de nuevo con la oposicionabilidad. Dejó de lado la guarimbeadera y se sometió a la voluntad del pueblo el 31 de octubre de 2004 en los comicios regionales y los municipales del 7 de agosto de 2005. Pero el imperio, que tiene peones disponibles para tareas diversas, sacó sus canes de operaciones especiales: los promotores de la vía violenta con la línea de la abstención, en cuyo discurso se esconde, entrelíneas, el despropósito del magnicidio. No obstante el magro resultado electoral provocado en gran medida por el abstencionismo, sus cultores vuelven a la carga en la campaña para la renovación de la AN y los parlamentos Andino y Latinoamericano. El primer objetivo es acabar con la oposicionabilidad para volver al escenario de 2002: la violencia, y en medio de ella viabilizar el magnicidio. El medio para tal fin consiste en carajear al CNE y obligar a los candidatos opositores a retirarse de la contienda.

¿Cuántos y quiénes rechazarán tan insultante imposición?
El empuje de la táctica abstencionista revela que Bush admite su incapacidad para impedir que las fuerzas del cambio democrático conquisten la mayoría calificada en la AN. Como salida, a lo Juan Charrasqueado, quiere arrebatar para desconocer el resultado.

Los tipos de propiedad

De la obra escrita de Deng Xiao Ping, el tenaz dirigente que desencadenó la transformación de la sociedad china, se conoce en Occidente tan poco, más allá de los foros de la academia, que la referencia común sobre la misma se reduce a la frase “No importa de que color sea el gato, lo importante es que cace ratones”.

Esta divisa del estadista chino comporta la certidumbre de que, acordada una estrategia determinada en la conducción de un país, se impone instituir estructuras organizacionales, rutas de acción, modalidades de producción, tipos de propiedad, que en su dinámica de interrelaciones y fertilización cruzada viabilicen el logro de los objetivos de la estrategia. Así lo explicó Deng Xiao Ping en muchos de sus discursos. Y como el modo de producir responde a una visión ideológica, las reformas lideradas por el líder chino introdujeron redefiniciones en la ideología socialista. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino asumió que es posible en una etapa histórica la coexistencia en un mismo país del capitalismo y el socialismo, lo que ha sintetizado con la frase: “Un país, dos sistemas”, aserto que conlleva la cohabitación de más de un tipo de propiedad. Asimismo Deng Xiao Ping demostró en la práctica una verdad que ciertos dogmas aún niegan:
el mercado es un instrumento económico común a todas las formas económico sociales.

Vale decir, hubo mercado en la sociedad primitiva, en la esclavista, en la feudal; y lo hay en la capitalista y en la socialista. Que en cada uno de estos tipos de sociedad el mercado tiene peculiaridades específicas es tan cierto como la vida misma, pero al fin y al cabo es mercado.

Sin obviar que el modelo chino es sólo válido para China, resulta procedente generalizar algunos datos con base en tal experiencia, verbigracia la pluralidad de los tipos de propiedad y su coexistencia. Esta circunstancia se observa también en Venezuela: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra cuatro tipos de propiedad: la privada, la cooperativa, la asociativa y la estatal. La interrelación de todas ha de darse en una dinámica proactiva en un mercado regido por el imperio de la ley, con base en el cual se garantiza que todas están sujetas a la utilidad pública, es decir, a la función social.

Con la misma pasión que anima el cumplimiento de la CRBV en lo relativo al respeto y promoción de la libertad de expresión, por ejemplo, debe asumirse lo concerniente al propósito último de las distintas modalidades de propiedad: el bienestar de todos o —dicho con palabras de Simón Bolívar— el mayor grado de felicidad posible para todos. En esta perspectiva bien puede afirmarse: larga vida a la propiedad: privada, cooperativa, asociativa, estatal.

De tal manera que son sólo palabras huecas el aquelarre oposicionista en supuesta defensa de la propiedad privada, que nadie amenaza. Por el contrario, las acciones del Gobierno en los casos de fundos afectados por la Ley de Tierras se dirigen a rescatar la propiedad estatal, usurpada por rolo e’ vivos habituados a proclamarse dueños de miles de hectáreas amparándose en títulos chimbos.

Y en lo que atiende a los casos de expropiaciones, se están aplicando procedimientos fundados en la ley con base en normas constitucionales que ya tenían tal rango en la Carta Magna de 1961. En la estrategia del Gobierno venezolano, el color del gato está descrito en la Constitución y las leyes.