Socialismo constitucional

"Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justi cia". Esta afirmación no pertenece al programa de un partido político ni al manifiesto de un grupo de artistas soñadores, sino al Artículo 2 de la Constitución Bolivariana. Vale decir, es parte del proyecto de país que ­con tesón y recia perseverancia­ los venezolanos construimos cada día. Muchas interrogantes se pueden dejar caer sobre los alcances, las implicaciones, connotaciones del mencionado artículo. Por ejemplo, cabría preguntarse si su contenido comporta que la forma social de organización de Venezuela ha de ser necesariamente capitalista, como parece interpretarlo incluso un sector de quienes impulsan los objetivos de la Carta Magna. Dicho de otro modo: ese estado democrático, social, de derecho y de justicia, ¿se puede edificar con base en la explotación del hombre por el hombre y la obtención de la máxima ganancia para beneficio individual o grupal? La respuesta que cada quien dé a este interrogante es crucial en el contexto de una polémica que se asoma en el debate político nacional: el supuesto imperativo de que el texto constitucional declare la opción socialista en Venezuela para que la misma sea viable. Perspectiva que a este escribidor le resulta redundante.

Pensar que en el capitalismo es posible la justicia, no sólo es ingenuo sino además torpe en la teoría y la práctica. La injusticia es una cualidad distintiva de todas las formas sociales fundadas en la explotación del hombre por el hombre, desde el esclavismo. Incluso este aserto es válido en los términos de la justicia individual; mucho más lo es cuando se piensa en la justicia social. El capitalismo necesita un contingente humano, variable en número según las circunstancias del momento histórico, que sobreviva en la miseria, o al borde de la misma, por ejemplo, en las garras del desempleo. Así evita que la mano de obra se encarezca en demasía para sus intereses de reproducción y acumulación de capital. Esto no cambiará en el capitalismo nunca jamás. Ergo, es una ilusión creer que el capitalismo puede coexistir con la justicia. O sea, la Bolivariana es claramente anticapitalista porque su apuesta por la justicia social, en medio de la democracia en los espacios del Estado y de toda la sociedad, la distingue sin posibilidad de ámbitos grises.

A menos que alguien plantee en el presente venezolano la opción de una forma social más allá del socialismo, hacia adelante, hacia el futuro ­lo que no luce para nada verosímil­, el deside
ratum es entre capitalismo y
socialismo. Y como ya queda demostrado que la ruta capitalista no es propia del proyecto de país contenido en la Bolivariana, la exigencia de que en su texto se diga literalmente que su vocación es socialista, constituye un desplante caprichoso, inútil e intelectualmente improductivo. El rumbo socialista a la bolivariana es constitucional, sin lugar a dudas, sin necesidad de reforma ni enmienda.

En ninguna parte la Bolivariana se casa con el capitalismo. Por el contrario, un bojote de sus disposiciones conlleva un aliento poderoso, radical, de orientación no capitalista. Es más: la ejecución operacional de muchas de sus definiciones conceptuales sólo es viable en un rumbo hacia el socialismo. Son tantos dichos conceptos que, puestos en la balanza de las opciones de desarrollo de la sociedad, indican sin duda la pertinencia de encaminar al país por la senda del socialismo hecho por y para los venezolanos.

Rojo

"La información concerniente a las obras del gobierno, los mensajes y alocuciones oficia les, no podrán tener contenidos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral". (Último párrafo del Artículo 21 de Las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006). Ni el sol del mediodía en marzo es tan claro como esta disposición. Y, para evitar confusiones potenciales, basta leer el artículo 2 de las referidas normas: "Se entiende por publicidad y propaganda electoral las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos, las organizaciones con fines políticos, grupos de electores que tengan como propósito captar, estimular o persuadir el voto del electorado a favor o en contra de un candidato dentro del lapso señalado por el CNE". Valga decir, en criollito, los contenidos publicitarios o propagandísticos son de carácter electoral cuando piden el voto para un candidato o tratan de convencer al elector de no votar por tal candidatura. De aquí que las actividades divulgativas de la acción del gobierno, mandato expreso de la Constitución, no son campaña electoral. La próxima inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, así como la del segundo puente sobre el río Orinoco, entre tantas obras que entrarán en servicio en los días, semanas y meses venideros no están destinadas a pedirle el voto a los electores o a tratar de que no sufraguen por los candidatos oposicionistas. Así como tampoco comportan elementos de promoción electoral los mensajes dirigidos a fortalecer en la población los valores de la Constitución, como, por ejemplo, la solidaridad.

Es inadmisible que un funcionario público, sea empleado del Ejecutivo nacional, de la Gobernación del Zulia o de la Alcaldía de Chacao, mientras cumple su jornada de cada día se dedique a pedir votos a favor o en contra de uno u otro candidato. Empero, cuando concluye su trabajo, en su tiempo libre, el funcionario público vuelve a ser un ciudadano en plenitud de disfrute de sus derechos democráticos, por ejemplo, el de participar en la campaña electoral promoviendo la candidatura de su preferencia. Están pelaos quienes pretenden ponerle tirro en la boca a los venezolanos y venezolanas que prestan servicios al Estado durante el transcurso de la campaña electoral. La soberbia de los dueños de televisoras, emisoras de radio y periódicos, dedicados a descalificar a venezolanos que el día sábado, en tiempo no laboral, fueron a expresar su respaldo al candidato Chávez, no es sólo muestra de la prepotencia típica de las élites de la IV República sino además manifestación de una clara tendencia autoritaria, fundada en la pretensión de negarle los derechos democráticos a las mayorías nacionales, excluidas siempre hasta 1999.

En medio de su aquelarre, la élite mediática llegó al extremo de pretender prohibirle a los adherentes de la candidatura revolucionaria el uso de vestimenta de color rojo. Valga decir, aún creen vivir los tiempos superados cuando, con su manipulación, se asumían dueños hasta del gusto cromático de la población a la hora de escoger una camisa.

Es válido preguntarse el porqué estos mismos medios no critican la publicad electoral del candidato Rosales en las que usa el logo de la Gobernación del Zulia. Es sencilla la respuesta: en las neuronas de sus dueños --ya oxidadas-los derechos democráticos son parte de su propiedad privada.

¿Guachafita con fe?

Usted los ve: incisivos, insistentes, su voz y sus gestos son eco preciso de las desmedidas exigencias --por demás inconstitucionales e ilegales-del oposicionismo que, siguiendo el guión redactado en el norte, se inventa la quinta pata del gato para, a golpe y porrazo, tener a tiro el pretexto que justifique a los ojos de sus partidarios retirarse de la campaña electoral, cuando les llegue la orden, con la ilusión de potenciar la abstención, argumento que en enero enarbolarán para negarle legitimidad al nuevo período presidencial de Chávez. Circunspectos discurren por los recovecos del derecho electoral para, sacando con pinzas y destreza de experto en operaciones psicológicas artículos derogados por colidir con la Constitución, darle barniz de lógica jurídica a la insólita demanda de ponerle tirro y pegalotodo en la boca al Presidente de la República, impidiéndole hablar desde el 1º de agosto hasta el 4 de diciembre.

¿Los recuerda el 12 de abril de 2002? Varios se dejaron caer por Miraflores y aparecen entusiastas, tan contentos como Carmona, repartiendo abrazos y votos de felicidad a los golpistas, en los videos que fijan en la historia aquella vergüenza nacional. Ese día auparon a los que le pusieron en la boca a todo el pueblo, para silenciar la protesta contra el golpe de Estado, el tirro y el pegalotodo que ahora le tiene reservado a Chávez. Días antes se les había visto levantando los brazos victoriosos de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, en la bendición del programa de gobierno del ya para ese momento cuadrado gobierno de facto.

Piénselo usted: con su rígida jerarquía vertical, los votos de obediencia, ciega y, a veces, sorda y muda, actúan como el propio --ya extinto-buró político del Partido Comunista de la URSS. Sus verdades inapelables no admiten debate; la disidencia se trata con el remedio de la exclusión o el silencio mansamente aceptado. Su fortaleza no son cañones ¡Bien pelao que estaba Stalin cuando preguntó por los ejércitos del Papa! Es la autoridad fundada en la fe administrada no al calor de la vida de los pobres, como los predicó Jesús de Nazareth, sino en los regios, amplios y espléndidamente adornados palacios arzobispales, en cuyos gratos espacios es siempre bienvenida la visita de sus ilustrísimas señorías del capital criollo y transnacional.

En cristiano popular son el CEN de un peculiar partido político habituado en los tiempos de la cuarta república a acceder al poder, ejercerlo a la sombra, de manera encubierta, asumiendo un papel clave: legitimarlo predicando cotidianamente su inevitabilidad y su sujeción sólo a los cambios del Gatopardo: nuevos rostros, iguales intereses. Pero esa manguangua se acabó con la llegada del bicho no domesticable Hugo Chávez a Miraflores. Y la nostalgia de aquellos tiempos felices, plácidos y prósperos, los llevó a enrolarse en la aventura del carmonazo, y los arrastra ahora a la feroz campaña contra el Consejo Nacional Electoral, en una jugada de laboratorio digna del mundial de fútbol, en combinación con Súmate, el aquelarre de precandidatos oposicionistas y el inefable William Brownfield, para desestabilizar la campaña electoral, ponerle cargas de profundidad a los comicios del 3D y soñar con repetir la noche del 11 de abril de 2002.