Socialismo constitucional

"Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justi cia". Esta afirmación no pertenece al programa de un partido político ni al manifiesto de un grupo de artistas soñadores, sino al Artículo 2 de la Constitución Bolivariana. Vale decir, es parte del proyecto de país que ­con tesón y recia perseverancia­ los venezolanos construimos cada día. Muchas interrogantes se pueden dejar caer sobre los alcances, las implicaciones, connotaciones del mencionado artículo. Por ejemplo, cabría preguntarse si su contenido comporta que la forma social de organización de Venezuela ha de ser necesariamente capitalista, como parece interpretarlo incluso un sector de quienes impulsan los objetivos de la Carta Magna. Dicho de otro modo: ese estado democrático, social, de derecho y de justicia, ¿se puede edificar con base en la explotación del hombre por el hombre y la obtención de la máxima ganancia para beneficio individual o grupal? La respuesta que cada quien dé a este interrogante es crucial en el contexto de una polémica que se asoma en el debate político nacional: el supuesto imperativo de que el texto constitucional declare la opción socialista en Venezuela para que la misma sea viable. Perspectiva que a este escribidor le resulta redundante.

Pensar que en el capitalismo es posible la justicia, no sólo es ingenuo sino además torpe en la teoría y la práctica. La injusticia es una cualidad distintiva de todas las formas sociales fundadas en la explotación del hombre por el hombre, desde el esclavismo. Incluso este aserto es válido en los términos de la justicia individual; mucho más lo es cuando se piensa en la justicia social. El capitalismo necesita un contingente humano, variable en número según las circunstancias del momento histórico, que sobreviva en la miseria, o al borde de la misma, por ejemplo, en las garras del desempleo. Así evita que la mano de obra se encarezca en demasía para sus intereses de reproducción y acumulación de capital. Esto no cambiará en el capitalismo nunca jamás. Ergo, es una ilusión creer que el capitalismo puede coexistir con la justicia. O sea, la Bolivariana es claramente anticapitalista porque su apuesta por la justicia social, en medio de la democracia en los espacios del Estado y de toda la sociedad, la distingue sin posibilidad de ámbitos grises.

A menos que alguien plantee en el presente venezolano la opción de una forma social más allá del socialismo, hacia adelante, hacia el futuro ­lo que no luce para nada verosímil­, el deside
ratum es entre capitalismo y
socialismo. Y como ya queda demostrado que la ruta capitalista no es propia del proyecto de país contenido en la Bolivariana, la exigencia de que en su texto se diga literalmente que su vocación es socialista, constituye un desplante caprichoso, inútil e intelectualmente improductivo. El rumbo socialista a la bolivariana es constitucional, sin lugar a dudas, sin necesidad de reforma ni enmienda.

En ninguna parte la Bolivariana se casa con el capitalismo. Por el contrario, un bojote de sus disposiciones conlleva un aliento poderoso, radical, de orientación no capitalista. Es más: la ejecución operacional de muchas de sus definiciones conceptuales sólo es viable en un rumbo hacia el socialismo. Son tantos dichos conceptos que, puestos en la balanza de las opciones de desarrollo de la sociedad, indican sin duda la pertinencia de encaminar al país por la senda del socialismo hecho por y para los venezolanos.

Rojo

"La información concerniente a las obras del gobierno, los mensajes y alocuciones oficia les, no podrán tener contenidos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral". (Último párrafo del Artículo 21 de Las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006). Ni el sol del mediodía en marzo es tan claro como esta disposición. Y, para evitar confusiones potenciales, basta leer el artículo 2 de las referidas normas: "Se entiende por publicidad y propaganda electoral las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos, las organizaciones con fines políticos, grupos de electores que tengan como propósito captar, estimular o persuadir el voto del electorado a favor o en contra de un candidato dentro del lapso señalado por el CNE". Valga decir, en criollito, los contenidos publicitarios o propagandísticos son de carácter electoral cuando piden el voto para un candidato o tratan de convencer al elector de no votar por tal candidatura. De aquí que las actividades divulgativas de la acción del gobierno, mandato expreso de la Constitución, no son campaña electoral. La próxima inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, así como la del segundo puente sobre el río Orinoco, entre tantas obras que entrarán en servicio en los días, semanas y meses venideros no están destinadas a pedirle el voto a los electores o a tratar de que no sufraguen por los candidatos oposicionistas. Así como tampoco comportan elementos de promoción electoral los mensajes dirigidos a fortalecer en la población los valores de la Constitución, como, por ejemplo, la solidaridad.

Es inadmisible que un funcionario público, sea empleado del Ejecutivo nacional, de la Gobernación del Zulia o de la Alcaldía de Chacao, mientras cumple su jornada de cada día se dedique a pedir votos a favor o en contra de uno u otro candidato. Empero, cuando concluye su trabajo, en su tiempo libre, el funcionario público vuelve a ser un ciudadano en plenitud de disfrute de sus derechos democráticos, por ejemplo, el de participar en la campaña electoral promoviendo la candidatura de su preferencia. Están pelaos quienes pretenden ponerle tirro en la boca a los venezolanos y venezolanas que prestan servicios al Estado durante el transcurso de la campaña electoral. La soberbia de los dueños de televisoras, emisoras de radio y periódicos, dedicados a descalificar a venezolanos que el día sábado, en tiempo no laboral, fueron a expresar su respaldo al candidato Chávez, no es sólo muestra de la prepotencia típica de las élites de la IV República sino además manifestación de una clara tendencia autoritaria, fundada en la pretensión de negarle los derechos democráticos a las mayorías nacionales, excluidas siempre hasta 1999.

En medio de su aquelarre, la élite mediática llegó al extremo de pretender prohibirle a los adherentes de la candidatura revolucionaria el uso de vestimenta de color rojo. Valga decir, aún creen vivir los tiempos superados cuando, con su manipulación, se asumían dueños hasta del gusto cromático de la población a la hora de escoger una camisa.

Es válido preguntarse el porqué estos mismos medios no critican la publicad electoral del candidato Rosales en las que usa el logo de la Gobernación del Zulia. Es sencilla la respuesta: en las neuronas de sus dueños --ya oxidadas-los derechos democráticos son parte de su propiedad privada.

¿Guachafita con fe?

Usted los ve: incisivos, insistentes, su voz y sus gestos son eco preciso de las desmedidas exigencias --por demás inconstitucionales e ilegales-del oposicionismo que, siguiendo el guión redactado en el norte, se inventa la quinta pata del gato para, a golpe y porrazo, tener a tiro el pretexto que justifique a los ojos de sus partidarios retirarse de la campaña electoral, cuando les llegue la orden, con la ilusión de potenciar la abstención, argumento que en enero enarbolarán para negarle legitimidad al nuevo período presidencial de Chávez. Circunspectos discurren por los recovecos del derecho electoral para, sacando con pinzas y destreza de experto en operaciones psicológicas artículos derogados por colidir con la Constitución, darle barniz de lógica jurídica a la insólita demanda de ponerle tirro y pegalotodo en la boca al Presidente de la República, impidiéndole hablar desde el 1º de agosto hasta el 4 de diciembre.

¿Los recuerda el 12 de abril de 2002? Varios se dejaron caer por Miraflores y aparecen entusiastas, tan contentos como Carmona, repartiendo abrazos y votos de felicidad a los golpistas, en los videos que fijan en la historia aquella vergüenza nacional. Ese día auparon a los que le pusieron en la boca a todo el pueblo, para silenciar la protesta contra el golpe de Estado, el tirro y el pegalotodo que ahora le tiene reservado a Chávez. Días antes se les había visto levantando los brazos victoriosos de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, en la bendición del programa de gobierno del ya para ese momento cuadrado gobierno de facto.

Piénselo usted: con su rígida jerarquía vertical, los votos de obediencia, ciega y, a veces, sorda y muda, actúan como el propio --ya extinto-buró político del Partido Comunista de la URSS. Sus verdades inapelables no admiten debate; la disidencia se trata con el remedio de la exclusión o el silencio mansamente aceptado. Su fortaleza no son cañones ¡Bien pelao que estaba Stalin cuando preguntó por los ejércitos del Papa! Es la autoridad fundada en la fe administrada no al calor de la vida de los pobres, como los predicó Jesús de Nazareth, sino en los regios, amplios y espléndidamente adornados palacios arzobispales, en cuyos gratos espacios es siempre bienvenida la visita de sus ilustrísimas señorías del capital criollo y transnacional.

En cristiano popular son el CEN de un peculiar partido político habituado en los tiempos de la cuarta república a acceder al poder, ejercerlo a la sombra, de manera encubierta, asumiendo un papel clave: legitimarlo predicando cotidianamente su inevitabilidad y su sujeción sólo a los cambios del Gatopardo: nuevos rostros, iguales intereses. Pero esa manguangua se acabó con la llegada del bicho no domesticable Hugo Chávez a Miraflores. Y la nostalgia de aquellos tiempos felices, plácidos y prósperos, los llevó a enrolarse en la aventura del carmonazo, y los arrastra ahora a la feroz campaña contra el Consejo Nacional Electoral, en una jugada de laboratorio digna del mundial de fútbol, en combinación con Súmate, el aquelarre de precandidatos oposicionistas y el inefable William Brownfield, para desestabilizar la campaña electoral, ponerle cargas de profundidad a los comicios del 3D y soñar con repetir la noche del 11 de abril de 2002.

Las normas del silencio

A veces la fuerza de la costumbre, manifestación genuina de las ideologías dominantes en determinados sectores de una sociedad, con su tan vital como sutil fuerza en la modelación de hábitos, valores, actitudes, estilos de vida, lleva a algunos doctos ciudadanos a asumir reglas restrictivas de las libertades cívicas como si fuesen nimiedades de la cotidianidad, dignas de toda aprobación, mucho más si coinciden con la postura política de los mencionados sectores.

Tal es el caso del proyecto de Normas de Publicidad y Propaganda propuesto en el seno del CNE para regular la venidera campaña electoral presidencial, cuyo contenido, con la mira puesta en Hugo Chávez, le pone tirro con pegalotodo en la boca a los funcionarios que se postulen a la Presidencia de la República.

O sea, el motivo de los desvelos de los pensadores de las las normas de marras es Chávez, pero por mampuesto tirotean también a Manuel Rosales, gobernador del Zulia y precandidato presidencial, pretendiendo obligarlos a hacer votos de silencio durante la campaña. ¿Será que los proyectistas de las tan mentadas normas no se han enterado de que no somos cardenales, con excepción del arzobispo de Caracas y de Castillo Lara, y vamos a elegir un presidente no un Papa?
De un tirón el proyectista — ¿algún avisado rector?— pasa por las armas un bojote de disposiciones constitucionales que obligan a los gobernantes a rendir cuentas ante los electores sobre su gestión. Llega al extremo, en el entrelíneas del texto propuesto, de pretender propinarle un minicarmonazo a la Carta Magna suprimiendo implícitamente todo el articulado relativo a la transparencia de la gestión pública y la participación ciudadana, cuyo basamento práctico es el manejo cabal de información veraz y oportuna por parte del pueblo sobre cada uno de los actos de sus gobernantes.

Sin información no hay participación. Sin información no hay contraloría social. Sin información no hay poder popular. Acusen recibo, muy respetados proyectistas.

Cuando se busca prohibir que un gobernante candidato informe a los electores el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el con qué, el por qué y el para qué de su gestión, ¿se espera que los electores se informen por telepatía o por artes de brujería para someter a evaluación el desempeño del funcionario con el fin de determinar si le ratifican o le niegan su confianza? Y si esta ocurrencia resulta válida ahora, porque la costumbre impide verle a guadaña autoritaria de la feroz censura que comporta, ¿por qué no se le aplicó a alcaldes, gobernadores, diputados, concejales que en tantas ocasiones han optado a la reelección? ¿En qué pozo de la muerte echarán el artículo 21 de la Constitución que determina la igualdad de los ciudadanos ante la ley? ¿O acaso los candidatos presidenciales son menos ciudadanos?
No se trata, quede dicho porsia, que este fablistán pretenda anarquizar la competencia candidatural suprimiendo toda norma. ¡Zape! Lejos de esa conseja de que la revolución se hace sin leyes; por el contrario, tengo para mí que la revolución se construye con normas revolucionarias, no con poses anarcoides.

El asunto estriba en guiarse por la máxima que tan útil fue para los demócratas españoles en la difícil transición del franquismo a la libertad: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Vale decir, sí a las normas siempre que sintonicen con la Constitución y las leyes. Del CNE el pueblo espera borrar cualquier capricho carmonero cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución.

La pluripolaridad va a la ONU

En agosto de 2000, cuando juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como jefe del Estado, Hugo Chávez inició un tránsito que, entre otros desarrollos, comporta el impulso sin tregua de la refundación de las relaciones internacionales sobre la base de principios fundados en el Derecho y el trato justo. No importa el producto interno de un país, ni la cuantía de su población, ni el poder de fuego de sus ejércitos, así como tampoco la influencia de su cultura o su ubicación geográfica y sus reservas de recursos estratégicos; ningún Estado debe ser primus inter pares, mucho menos hegemón del planeta. Se reivindica así la premisa tan preciada para Benito Juárez, estadista mexicano del siglo XIX: el derecho propio termina donde comienza el derecho del otro; el respeto al derecho ajeno es la paz.

Que Chávez es leal a su juramento se constata cada día. Por ejemplo, el sábado pasado durante la VII Cumbre de la Unión Africana, cuando le propuso a los jefes de Estado y de gobierno allí congregados forjar una vigorosa cooperación en educación, con la creación de la Universidad del Sur; en comunicación, con Telesur y Radio Sur; en finanzas, con la constitución del Banco del Sur; energía con la conformación de Petrosur. “Una cooperación beneficiosa para todos nuestros pueblos que nos permita construir el otro mundo posible: el que tiene por norte el Sur”, dijo el presidente venezolano.

Los nutridos aplausos con que fueron recibidas sus palabras es la mejor constatación de que Chávez interpreta y expresa cabalmente las posiciones de su pueblo y de una inmensa mayoría de la humanidad hastiada de invasiones, saqueos, vasallajes y secuestro de la voluntad popular y la democracia por los colonialistas de ayer e imperialistas de hoy.

Se observa asimismo que la aspiración venezolana de ingresar en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, para lo cual se requieren más de 120 votos, suma apoyo sin pausa. No sólo en América Latina crece el respaldo a la candidatura de Venezuela, sino también en Asia, África, el Caribe...

Se vislumbra como cierta la meta trazada de conquistar un resultado de unos 140 votos para lograr así demostrar a Bush que no es dueño de la voluntad de los pueblos y los gobiernos del mundo, y que la pluripolaridad propagada por Chávez es un objetivo compartido por la mayoría de los habitantes de la Tierra.

A Bush le solivianta el ánimo la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU porque sabe que la bandera enarbolada por Benito Juárez, en gran medida heredada de Simón Bolívar, flameará con mayor fuerza cada día en aras de hacer valer la paz como expresión del respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación e los pueblos y los Estados.

¿Podría el mister con sus dólares y amenazas encubiertas frenar el avance de Venezuela hacia el Consejo de Seguridad del organismo mundial? Así como en el fútbol la pelota es redonda, en las relaciones internacionales casi nunca todo está dicho previamente.

Lo que sí es un dato fáctico es que la política imperialista de Bush sufre derrotas hasta en su propio país, como por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema según la cual Bush se extralimitó en sus facultades como jefe militar.

Del mismo modo que ha sido carajeado por magistrados en cuya designación tuvo grande influencia, la comunidad internacional en la ONU, al elegir el Consejo de Seguridad, pondrá Bush en su sitio.

Baduel

La vasta operación psicológica que comportó los preparativos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluyó el uso de hábiles y sutiles técnicas de manipulación de la información, es decir, desinformación, masiva y personal, para crear una aparente realidad en la que patriotas revolucionarios eran presentados como conjurados en la conspiración contra la democracia. Tanto en el ámbito militar como en el civil, infamia de por medio, se levantaron sospechas que en cierto grado dividieron a fuerzas gubernamentales, presas del recelo inducido. Una de las víctimas de estas prácticas fue el general Raúl Isaías Baduel, para el momento comandante de los paracaidistas asentados en Maracay. En el alto gobierno, militares comprometidos con la conspiración echaron a rodar el rumor de que el general andaba preparando una insurgencia.

“Baduel es el jefe de un movimiento insurreccional”, propagaban sin tregua. Ministros, diputados, gobernadores y otros dirigentes pisaron el peine; situación esta que facilitó la maniobra de concreción de condiciones necesarias y suficientes para El Carmonazo.

Luego de su acción, en cierto modo decisiva, en el diseño y ejecución de la operación cívico militar que dio al traste con la sangrienta dictadura de Carmona, se desató contra Baduel una feroz campaña de asesinato moral y político en el contexto de la organización y posterior desarrollo del plan golpista del paro económico petrolero.

Ya no era creíble decir que Baduel lideraba el intento de golpe. Comenzaron a acusarlo de andar construyendo su propio liderazgo con pretensiones presidenciales. Con sus arrestos de filosofía oriental, el soldado llanero, al igual que el presidente Chávez, se mantuvo imperturbable cumpliendo sus deberes de demócrata, es decir, fiel a la Constitución y a los poderes públicos legítimamente constituidos, incluyendo de manera singular al Poder Ejecutivo y al jefe del Estado.

En mayo pasado, por la cercanía del mes de julio, momento especial de ascensos y designaciones militares, otra vez se activó la guarimba mediática.

Nuevamente trataban de meter cizaña en la FAN. Visto el cuadro cerrado con que se mueven los oficiales, constitucionalistas todos, la estrategia consistió en simular que había pugnas entre los altos oficiales, incluyendo en la movida, por supuesto, a Baduel. La inagotable paciencia de este último distinguió a todos los generales y almirantes sobre quienes recaía la expectativa, en particular, de la titularidad del Ministerio de la Defensa. La FAN se mostró tal cual es actualmente: monolítica, a prueba de operaciones de desinformación presentes en columnas de periódicos, revistas, programas de radio, de televisión y páginas de Internet. El sueño de los propagandistas de las matrices de opinión diseñadas en laboratorios transnacionales de la guerra mediática de desencadenar desencuentros entre los oficiales, se quedó en eso: deseos estériles.

El saludo emocionado que recibió Baduel en el propio Campo de Carabobo de sus compañeros de armas, verbigracia, el almirante Maniglia, en el mismo instante cuando el presidente Chávez hizo el anuncio de su ascenso a general en jefe y su designación como próximo ministro de la Defensa, revela que el espíritu de cuerpo y la unidad de propósito son principios acerados en la totalidad de la FAN.

Los militares han aprehendido la misma sabiduría del pueblo civil: pa` la cizaña mediática del bushismo fraternidad bolivariana.

Operaciones encubiertas

Desde que el rey Filipo de Macedonia, padre de A l e j a n d r o Magno, introdujo en la estrategia política de la cultura occidental la máxima “divide y vencerás”, su aplicación ha dado importantes victorias a organizaciones, líderes, países, coaliciones...

Magnificar y explotar las contradicciones del adversario para fragmentar sus fuerzas hasta debilitarlo en grado tal que no pueda continuar la lucha, tal es la técnica clásica animadora de epopeyas, cruzadas, campañas, conquistas, colonizaciones y –también– de pequeñas victorias, algunas cotidianas, cuya suma determina el logro de objetivos de gran alcance.

La tecnocracia, que en alianza con las corporaciones transnacionales domina el poder en Estados Unidos, ha atesorado una valiosa experiencia interna y externa en la aplicación de la técnica de Filipo de Macedonia.

Prueba de ello son los memorandos emitidos por Henry Kissinger, en sus tiempos de secretario de Estado, ordenando el financiamiento encubierto de los grupos más radicales de la Unidad Popular chilena en 1972 para inducirlos a cuestionar el gobierno de Allende acusándolo de reformista. Los referidos grupos “ultrarrevolucionarios” mordieron completo el peine imperialista y contribuyeron a desestabilizar el proceso hasta su derrocamiento por el fascismo. Abundan otras pruebas, para conocerlas basta con examinar el cúmulo de documentos –ya desclasificados– sobre las operaciones secretas de los gobiernos de Estados Unidos en todos los rincones del planeta.

Para dividir a un enemigo el imperio siempre se ha valido de distintos métodos. El uso del Caballo de Troya es clásico en las acciones encubiertas de intervenciones en la política de los países cuyos gobiernos no son del agrado de la élite imperial.

Implantar grupos tipo Caballo de Troya es una de las técnicas favoritas de los estrategas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. En Venezuela estas modalidades de agresión son conocidas. Abril 2002 desnudó a infiltrados civiles y militares, algunos ubicados en posiciones claves del Gobierno, que constituían una típica formación Caballo de Troya. Su desempeño fue clave en los preparativos y el desarrollo del golpe de Estado.

La comunidad de inteligencia imperial, encabezada por la CIA, sabe bien que la anarquizada y enclenque oposición venezolana no tiene con qué desestabilizar el proceso de cambio democrático revolucionario. Le sobran dólares pero está ayuna de pueblo. De modo que ahora el ataque contra la revolución bolivariana no será sólo desde los espacios (periódicos, televisoras, emisoras de radio) del oposicionismo de oficio, sino también mediante el uso de grupos en apariencia del proceso (recordemos Chile 1972–1973) que, con poses ultrarrevolucionarias, ataquen al Gobierno, por ejemplo, lanzándole un “ultimátum” por el tema de la seguridad ciudadana, como ocurrió recientemente. Nótese que en la charada del mentado ultimátum no se menciona la responsabilidad de gobernadores y alcaldes en la lucha contra el hampa, y asimismo se oculta que las ciudades y los estados gobernados por el oposicionismo registran el más alto grado de inseguridad.

Probablemente, las redes del imperio que actúan en el territorio del país tengan listos grupos de “ultrarrevolucionarios” esperando la orden para aparecer emplanzando al Gobierno con la exigencia de soluciones instantáneas, mágicas y definitivas, para cada uno de los problemas estructurales del país. Pero ya el pueblo los conoce y sabe que sólo son marionetas parlantes del imperio.